El Ayuntamiento de Cerdanyola deberá pagar 1,5 millones de euros en cumplimiento de una sentencia que establece la expropiación de unos terrenos de la calle de la Independencia, junto al descampado de Flor de Maig. Desde el gobierno local (PSC/CiU) acusan al anterior ejecutivo liderado por ICV-EUiA de "mala previsión y falta de valentía" en el tema de las expropiaciones, mientras que desde el principal grupo de la oposición defienden la labor realizada por los gobiernos de Antoni Morral desde junio de 2003.
La concejal de Urbanismo, Laura Martínez (en la imagen), explicó el pasado jueves en el Pleno que la sentencia que establece que el consistorio debe expropiar data de julio de 2009 y fija el pago de una cantidad de poco más de un millón de euros. Sin embargo, se deberán añadir los intereses de demora, subiendo el total a 1,5 millones de euros. Martínez remarcó que este pago "es de obligado cumplimiento", lo que "evidentemente afectará a las cuentas municipales", y criticó al anterior gobierno municipal acusándole de "mala previsión" en el tema de las expropiaciones y de "falta de valentía y coraje" para afrontarlo.
Rafael Bellido (ICV-EUiA) salió al paso de las manifestaciones de Martínez, defendiendo la labor en materia de expropiaciones de los anteriores ejecutivos liderados por ICV-EUiA. El concejal ecosocialista recordó que a partir de junio de 2003 el gobierno puso en marcha diversas líneas de trabajo para evitar expropiaciones, como dotarse de asesoramiento para disponer de herramientas legales, definir un mapa de las posibles zonas conflictivas del municipio, prever una partida presupuestaria para hacer frente a los procesos y elaborar planes urbanísticos en las zonas 'calientes' para evitar peticiones de expropiación. Bellido recordó que uno de estos planes afectaba a los terrenos de la calle de la Independencia, junto al solar de Flor de Maig, espacio donde el gobierno preveía ubicar una escuela, una biblioteca y una zona ajardinada, permitiendo como contrapartida que se construyeran tres edificios de viviendas. Bellido apuntó que este plan se podría haber incluido en el proyecto de Área Residencial Estratégica (ARE), pero este planeamiento no prosperó "por la negativa de CiU", socio de gobierno por entonces de ICV-EUiA, y por "el tacticismo del PSC". El edil ecosocialista concluyó negando que el anterior gobierno no tuviera coraje ni valentía y destacando que la realidad actual es que el Ayuntamiento ahora deberá pagar 1,5 millones de euros.
Por su parte, la teniente de alcadesa Consol Pla (CiU) recordó que su grupo era favorable al plan urbanístico de Flor de Maig, pero no al ARE, que "suponía construir 1.100 viviendas". Pla añadió que una vez descartado el proyecto de ARE, el plan urbanístico de Flor de Maig podía haberse ejecutado pero "ICV-EUiA no quiso".
Cerró el debate la alcaldesa, Carme Carmona, asegurando que el nuevo gobierno integrado por el PSC y CiU "se ha encontrado una sentencia datada de julio de 2009 que el anterior ejecutivo no afrontó" y que ahora se deberá pagar.
