La Plataforma Cerdanyola sense Abocadors ve con buenos ojos que el Pleno del Ayuntamiento haya acordado solicitar un estudio de evaluación de la calidad del aire del municipio para determinar las emisiones que impactan sobre el área urbana, aunque apunta que "el acuerdo plenario sólo es a día de hoy una promesa" e insiste, una vez más, en la necesidad de "una remediación total de Can Planas".
La Plataforma señala que el acuerdo del Pleno de mayo "sólo es a día de hoy una promesa de solicitar a una instancia superior, la Generalitat, un estudio atmosférico", y asegura que "la única garantía" se la merece la entidad propuesta para llevar a cabo el estudio, el Laboratori de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) bajo la dirección del Dr. Xavier Roca.
En cualquier caso, desde el colectivo insisten en recordar, una vez más, que la ley obliga a sanear Can Planas en superfície y en subsuelo, algo que "por ahora no se quiere cumplir por presiones inmobiliarias". Es por ello, según la plataforma, que hay que poner en conocimiento de la ciudadanía que "el peligro continúa por tierra, agua y aire y que es necesario que se elimine reparando el daño, ya sea extrayendo y trasladando a lugar seguro los 2,5 millones de metros cúbicos de tierras contaminadas con tóxicos de todo tipo de Can Planas, ya sea tratando las tierras 'in situ', o bien simultaneando los dos métodos, según las mejores técnicas disponibles".
La Plataforma recuerda que su petición está avalada por el estudio IDOM, encargado por el Ayuntamiento y el INCASOL, en el que "se apunta que el vertedero de Can Planas supera todos los límites de contaminación de las tierras".
- Sentencias del TSJC
Por otro lado, y a raíz de las sentencias del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anulan el planeamiento del Centro Direccional, la Platafoma denuncia que en el pleno de mayo los grupos políticos "escondieron la información y el debate sobre este tema a la ciudadanía al aprobar recurrir la sentencias sin tan sólo abrir un turno de palabra". El colectivo recuerda que la anulación del planeamiento se basa, entre otros aspectos, en "la falta de un estudio de impacto ambiental que valore detalladamente todo el sector" y asegura que este estudio no se ha realizado "porque pondría de manifiesto la imposibilidad de edificar los terrenos contaminados".
