El comité de empresa de la compañía Sintermetal de Ripollet, dedicada a la fabricación de piezas sinterizadas para el ramo del automóvil, ha mostrado su rechazo total al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la dirección, con el objetivo, según el comité, de extinguir 80 contratos. Con la aplicación de esta medida, la plantilla pasaría de 263 a 183 empleados. Los representantes de la plantilla señalan que la dirección, tanto en las en las reuniones en la propia empresa como ante la autoridad laboral, "mantiene su planteamiento de la medida y no está en disposición de pagar las indemnizaciones".
El comité de empresa ha denunciado que la dirección intenta justificar la presentación del ERE alegando una disminución de la demanda, en concreto la pérdida de uno de los clientes de la empresa, ZF Sachs, sin embargo el expediente presentado "se basa simplemente en afirmaciones". Además, se plantea un plan social que constituye "un gravísimo ataque a los trabajadores", apunta el comité, añadiendo que la dirección básicamente pretende "la voluntariedad de los afectados", busca "la complicidad del comité de empresa para establecer los criterios de eliminación del personal" y se establece "el término de 2 años de prioridad de los trabajadores afectados ante nuevas contrataciones".
El comité asegura que a todo esto se deben añadir "unas condiciones de miseria para los despedidos". La dirección "pretende hacer un convenio con el FOGASA, con el aval de la maquinaria, para que se haga cargo de las indemnizaciones" y dicho préstamo "también incrementará la deuda de la empresa, lo cual, según el comité, "nos hace ver de forma pesimista la continuidad de la empresa".
Mañana, reunión en la empresa
Desde el comité anuncian que mañana está prevista una reunión en la empresa mientras que el día 30 de noviembre se celebrará un encuentro ante la autoridad laboral, y apuntan que si la dirección de la empresa quiere entrar en la línea de buscar soluciones, "debe variar los parámetros básicos con se que ha planteado el ERE", de manera que la medida "se reduzca al mínimo efecto posible y plantee una humanizada salida económica con solvencia y consistencia". En este sentido, el comité reitera que el ERO planteado es "de una gravedad extraordinaria" ya que afecta a 80 familias, con "el agravamiento de no cobrar las indemnizaciones y sin que se den las condiciones para una futura viabilidad". En estas condiciones "se hace absolutamente inviable la posibilidad de que sea asumido de conformidad con los trabajadores", apuntan los representantes de la plantilla.
