Empresas como Uralita, en Cerdanyola; Rocalla, en Castelldefels; La Maquinista en Barcelona; o Federal Mogul en El Prat utilizaron amianto en sus procesos de producción durante años. Ahora sus trabajadores y afectados se han organizado para reclamar compensaciones. La Asociación de Afectados por el Amianto de Cerdanyola del Vallès y Ripollet ha conseguido la primera victoria al conseguir que se reconozca la afectación a familiares de trabajadores de la fábrica Uralita, un total de 45 personas a los que obliga a indemnizar con total de 3,9 millones de euros.
"Lo que se ha producido en España y en Catalunya especialmente es un genocidio laboral" comenta José Luis Gómez, trabajador de la firma Honeywell de El Prat, antes Federal Mogul. Gómez lamenta que durante muchos años las empresas continuaron utilizando el amianto, a pesar de saber que provocaba graves enfermedades, y denuncia que "no se ha adoptado una política fuerte para identificar y ayudar a aquellos trabajadores de empresas pequeñas y medianas que durante años trabajaron en contacto con el amianto". Gómez recuerda que "es un producto que se usaba como revestimiento o como aislante, de manera que puede haber incluso personas que sigan conviviendo con el amianto".
Censo estatal
Los afectados por este material reclaman la creación de un censo a nivel estatal. De hecho el listado existió, ya que en 1984 se creó el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA) al que las empresas tenían que inscribirse. Pero no hacerlo no estaba penado, así que la mayoría no lo hizo. Con la finalidad de saber el número de afectados, diversas plataformas de empleados de las empresas que trabajaban con este material han creado censos con los nombres de las personas que habían estado en contacto con el amianto. En la fábrica de Viladecans había más de 2.000. "Las consecuencias no se ven al día siguiente sino que tardan mucho tiempo en aparecer, incluso 15 o 20 años", dice Gómez. Este hecho dificulta saber el número de afectados real, aunque el sindicato CGT mantiene que el amianto ha producido directa o indirectamente 40.000 muertos y en el futuro podría llegar a producir hasta 20.000 más.
Los afectados por este mineral reclaman el reconocimiento de sus derechos, entre otras cosas que el tribunal médico reconozca sus patologías como enfermedades laborales y que las empresas los indemnicen por el peligro al que estuvieron expuestos durante su trabajo sin medidas de protección. "Hemos tenido que luchar mucho para acabar con el tabú del amianto", dice Gómez, que recuerda que en Europa hace años que se prohibió el uso del amianto y que en España no se hizo efectivo hasta 2002, después de una moratoria de un año.
El abogado del Col·lectiu Ronda, que representa a un buen número de afectados, Alex Tisminetzky, propone que se hagan revisiones periódicas de carácter preventivo a las personas potencialmente afectadas. En los últimos años decenas de afectados han reclamado a las empresas indemnizaciones. La última sentencia es la primera que reconoce la afectación en personas que no trabajaban directamente en contacto con el mineral. "Pero las empresas siempre recurren y el proceso se dilata y tarda mucho en cerrarse", lamenta Gómez, que critica que muchos de los afectados no llegan a cobrar las indemnizaciones porque fallecen antes de que se cierre el caso.
Tisminetzky reclama que se apliquen medidas efectivas y rápidas para ayudar a los afectados, como que puedan jubilarse antes, como sucede con los mineros afectados por la silicosis. Para ello sería necesario aplicar un coeficiente reductor de los años que se necesitan para el retiro a los operarios que han tenido contacto con el producto prohibido. El Ejecutivo central y la Seguridad Social son contrarios a la medida por el coste que tendría.
