La Alianza contra la Pobreza Energética (APE) ha anunciado hace unos minutos a través de su perfil de twitter que Antonio, el vecino de Cerdanyola que estaba viviendo estos días el confinamiento provocado por la crisis del coronavirus sin agua en su casa, vuelve a tener suministro. La entidad ha sido una de las principales impulsoras estos últimos días de una campaña, especialmente activa en redes sociales bajo el hashtag #AguaParaAntonio, que denunciaba que el Ayuntamiento de Cerdanyola y Aigües de Barcelona (Agbar) estaban incumpliendo un decreto aprobado hace un par de años por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB).
Dentro de las acciones relacionadas con el caso de Antonio, la APE presentó a finales de la semana pasada una queja ante el Síndic de Greuges donde denunciaba la detección de diversos casos en los últimos meses de “familias en Cerdanyola que no tienen garantizado el acceso al agua en sus hogares”, una situación “vivida también otras entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que trabajan habitualmente en este municipio”.
En su escrito al Síndic, la APE remarcaba que muchas personas vinculadas al colectivo se encuentran en situación de exclusión residencial, “de acuerdo con los baremos de renta establecidos en la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética y se encuentran en situación de ocupación en precario”.
La APE indicaba en su queja que, durante estos últimos meses, han detectado irregularidades por parte del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cerdanyola, “que pone trabas sin motivo aparente para que las familias que se encuentran en estas situaciones puedan tener acceso a un contador de agua”.
El colectivo recordaba que el AMB autorizó hace dos años, mediante el decreto 2018/184, a que Agbar suministrara agua con carácter provisional y excepcional a les personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que se encuentran en situación de ocupación en precario siempre que se encuentren empadronadas en el municipio; dispongan del correspondiente informe de Servicios Sociales donde se acredite el riesgo de exclusión residencial; y exista la urgencia social que justifique la necesidad de la contratación provisional del servicio de suministro de agua.
Desde la APE inistían que Antonio cumplía con todos los requisitos para que se le aplicara el decreto aprobado en 2018 por la AMB y pudiera tener agua en su casa, ya que está empadronado en Cerdanyola y dispone de un informe de riesgo de exclusión residencial de los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Antonio, como él mismo ha explicado estos días en un vídeo colgado en las redes sociales, vive de ocupación desde hace un año en un piso de un fondo buitre vinculado al Banco de Sabadell y estaba sin agua desde hace mes y medio, antes incluso que estallara la crisis sanitaria del coronavirus. Su situación se agravó con el inicio del confinamiento ya que tiene un 33% de discapacidad y, como el mismo explicaba, “soy de alto riesgo”. De hecho, miembros de la APE aseguraban esta mañana en algún tuit que ha empezado a evidenciar síntomas de la Covid-19.
Finalmente, desde la APE han hecho público esta tarde un tuit donde explican que Antonio vuelve a tener suministro en su casa: “Gracias a la presión de la APE y los movimientos sociales por fin hemos conseguido que #AguaParaAntonio sea una realidad”. El colectivo remarca que seguirán “vigilantes para que a nadie le sea vulnerado su derecho a los suministros, ni mientras dure el coronavirus ni nunca”. Por último, la APE ha agradecido el papel de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Cerdanyola y Ripollet por “su incansable esfuerzo y lucha conjunta para hacer valer nuestros derechos”.

