Dentro de las acciones relacionadas con el caso de Antonio, la APE ha presentado hoy una queja ante el Síndic de Greuges donde denuncia que “hemos detectado estos últimos meses diferentes casos de familias en Cerdanyola que no tienen garantizado el acceso al agua en sus hogares”, una situación “vivida también otras entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que trabajan habitualmente en este municipio”.
En su escrito al Síndic, la APE remarca que muchas personas vinculadas al colectivo se encuentran en situación de exclusión residencial, “de acuerdo con los baremos de renta establecidos en la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética y se encuentran en situación de ocupación en precario”.
La APE indica en su queja que, durante estos últimos meses, han detectado irregularidades por parte del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cerdanyola, “que pone trabas sin motivo aparente para que las familias que se encuentran en estas situaciones puedan tener acceso a un contador de agua”.
El colectivo recuerda que el AMB autorizó hace dos años, mediante el decreto 2018/184, a que Agbar suministrara agua con carácter provisional y excepcional a les personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que se encuentran en situación de ocupación en precario siempre que se encuentren empadronadas en el municipio; dispongan del correspondiente informe de Servicios Sociales donde se acredite el riesgo de exclusión residencial; y exista la urgencia social que justifique la necesidad de la contratación provisional del servicio de suministro de agua.
Desde la APE remarcan que Antonio cumple con todos los requisitos para que se le aplique el decreto aprobado en 2018 por la AMB y pueda tener agua en su casa, ya que está empadronado en Cerdanyola y dispone de un informe de riesgo de exclusión residencial de los Servicios Sociales del Ayuntamiento. El colectivo asegura que Antonio, como el propio interesado explica estos días en un vídeo colgado en las redes sociales, vive de ocupación desde hace un año en un piso de un fondo buitre vinculado al Banco de Sabadell y que “tiene buena convivencia con los vecinos”. Sin agua desde hace mes y medio, antes incluso que estallara la crisis sanitaria del coronavirus, la situación de Antonio se ha agravado con el inicio del confinamiento ya que tiene un 33% de discapacidad y, como el mismo explica, “soy de alto riesgo”. Ha contactado con los Servicios Sociales del Ayuntamiento para solucionar su situación: “No ponen contador social. Les he dicho que me da igual, que quiero un contador pagándolo yo, para pagar mis facturas”. La única solución ofrecida desde el consistorio, según el interesado, es “la de irme a una pensión”.
Desde la APE lamentan que el Ayuntamiento “no esté por la labor” de solucionar casos como el de Antonio: “En plena crisis por el coronavirus es más necesario que nunca mantener una buena higiene. Y para eso Antonio necesita tener agua en casa”.
