Los grupos municipales de ICV-EUiA y del PP de Cerdanyola han presentado alegaciones a la normativa de uso de la sala de actos y jardines del MAC-Can Domènech (en la imagen), aprobada el pasado mes de febrero. Ambos grupos se muestran disconformes con la definición de usos permitidos y no permitidos de la normativa, que establece que en ningún caso se permitirá ninguna actividad que no sea estrictamente cultural, ni tampoco las de contenido político, tanto de partidos y sindicatos como de otras entidades o personas a título individual.
Desde ICV-EUiA aseguran que la normativa "restringe la libertad de expresión y de pensamiento" y pondría de manifiesto "un talante político y democrático muy bajo" por parte del gobierno local (PSC/CiU), a la vez que, según el principal grupo de la oposición, se estarían contradiciendo diversas leyes de rango superior, como el Estatut, que dice que “los poderes públicos deben promover la participación asociativa en los ámbitos cívico, social, cultural, económico y político”. ICV-EUiA considera que también se estarían vulnerando los derechos reconocidos en la Constitución relativos a la no discriminación por opiniones y la garantía de libertad ideológica, así como el artículo 9 de los Derechos Humanos que señala que "toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento" y que "la manifestación de ésta no puede ser objeto de más restricciones que las previstas por la Ley". Por todo ello, ICV-EUiA reclama que se permitan las actividades de carácter político o sindical, tanto de colectivos como a título individual, en el MAC-Can Domènech y apunta que la normativa, tal y como se encuentra a día de hoy, sería susceptible de un "recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional".
Desde el grupo municipal del PP se han expresado en la misma línea, asegurando que la normativa de uso de Can Domènech "es discriminatoria y vulnera libertades y derechos constitucionales". Así lo ha manifestado la concejal Mónica Álvarez, quien destaca que "no hay libertad de concurrencia" y "se restringe el uso de un espacio del municipio que debe estar a disposición de la ciudadanía". Álvarez remarca que la normativa "debería haber sido el resultado de un proceso participativo de entidades y partidos para responder mejor a las necesidades del municipio" y denuncia que en estos momentos, "la autorización de uso de Can Domènech queda en manos de la regidoría de Cultura y con criterios poco objetivos".
