La aplicación del Real Decreto de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público fue uno de los centros de interés de Pleno municipal de Cerdanyola correspondiente al mes de junio. En la sesión se debatieron las resoluciones de alcaldía que establecen, según explicó el teniente de alcaldía de Finanzas, Francisco Ortiz, un recorte del 5% en el salario de los trabajadores municipales, dejar en suspenso la disposición adicional segunda del convenio colectivo y la reducción de la retribución de la alcaldesa en un 8% y de un 7% en el resto de concejales.
Se encargó de abrir el turno de palabra el concejal no adscrito, Antonio González, quien recordó que durante el pasado Pleno de presupuestos él ya solicitó dejar en suspenso el convenio colectivo debido a la situación de crisis, medida que "el gobierno local no se atrevió a adoptar y que ahora lleva a cabo".
Desde las filas populares, el portavoz, Manuel Buenaño, denunció "la falta de diálogo" del equipo de gobierno (PSC/CiU) con la oposición en la aplicación del Real Decreto, y propuso que sólo la alcaldesa y la portavoz del gobierno tuvieran dedicación exclusiva; los responsables de área, dedicación parcial (20 horas) y que el resto de concejales del gobierno cobraran por dietas. Según Buenaño, esto supondría "una reducción de aproximadamente 150.000 euros". El portavoz popular también pidió la supresión de los tres asesores de gobierno contratados, apuntado que ello "se traduciría en un ahorro de casi 100.000 euros más", y finalmente añadió que el equipo de gobierno "no hace una propuesta valiente para reducir el gasto".
En representación de ICV-EUiA, Santiago Cayuela manifestó que la oposición "ha sido absolutamente ninguneada" en el tema de la aplicación del Real Decreto y denunció que en una primera resolución se planteaba un recorte medio del 28,8% para los concejales sin dedicación frente a un recorte del 8% y 7% para la alcaldesa y concejales de gobierno, respectivamente. El concejal ecosocialista propuso una reducción del 28,8% para todos los concejales del consistorio, incluida la alcaldesa y añadió, a modo de conclusión, que en la resolución de aplicación del Real Decreto ICV-EUiA echa en falta "el criterio de progresividad" ("que se recorte más al que tenga una retribución más alta"), "falta de austeridad", especialmente en los cargos eventuales, que "sólo ven recortada su retribución un 5%", y la "falta del compromiso municipal de que los empleados públicos recuperarán aquello que se les recorte".
En respuesta a ICV-EUiA, el teniente de alcaldía de Finanzas, Francisco Ortiz, aseguró que tanto en la primera resolución como en la propuesta definitiva se establecía un recorte del 7% para los concejales sin dedicación, mientras que la alcaldesa, Carme Carmona, manifestaba que cuando se supere la crisis económica "se hará todo lo posible" para que los trabajadores municipales recuperen poder adquisitivo.
Medidas de contención presupuestaria
Por otra parte, el equipo de gobierno también propuso en la sesión plenaria de junio la adopción de un paquete de medidas de contención presupuestaria, basadas en el control del gasto corriente, la incorporación de criterios de austeridad en la acción municipal y la mejora de la gestión interna. Entre otras actuaciones, se propone evitar la prórroga de aquellos contratos y convenios que vayan venciendo de manera que se abran nuevos concursos con licitaciones más ajustadas a la actual situación económica, reducir los consumos telefónicos, energéticos y comunicaciones postales y rebajar los gastos de representación, publicaciones y viajes y desplazamientos.
Las medidas fueron aprobadas por unanimidad, si bien, desde los grupos de la oposición coincidieron en criticar que el gobierno no cuantificara qué ahorro iban a suponer. Desde las filas populares se habló de "catálogo de buenas intenciones", mientras que ICV-EUiA y el concejal no adscrito, Antonio González, manifestaron que con estas medidas el gobierno buscaba "propaganda política".
