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La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) presenta al Ayuntamiento de Ripollet su propuesta de ley de la vivienda

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Ripollet y Cerdanyola ha tramitado la entrada al Ayuntamiento de Ripollet del documento donde presentan sus propuestas para una nueva ley de vivienda. El alcalde de Ripollet, José María Osuna, se ha adherido a estas propuestas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Junto con el alcalde de Ripollet también han apoyado estas propuestas Pilar Castillejo, de Decidim, Lurdes Serra de ERC-JPR y Julio Rua de Podem, además de las dos asociaciones de parados de Ripollet.
La propuesta de ley de vivienda de la PAH contempla cinco demandas:
1 Dación en pago retroactiva
- Mecanismos de segunda oportunidad para conceder la dación en pago y la condonación de la deuda.
- Inembargabilidad de la vivienda habitual de los avalistas.
- Eliminación de las cláusulas abusivas y compensación económicas por ellas.
2 Alquiler asequible
- Reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para dar seguridad y estabilidad.
- Ampliación a un mínimo de cinco años y / o fórmulas en las que el contrato sólo pueda rescindir en casos concretos de urgencia.
- Establecer un marco de regulación de los precios que corresponda a los ingresos de la población.
3 No más desahucios
- Moratoria sobre desahucios de primer y única vivienda.
- Obligar a los bancos y los grandes tenedores de viviendas a ofrecer un alquiler social a las familias afectadas antes de ejecutar un desahucio.
- Ayudas a pagar el alquiler cuando el propietario es un pequeño tenedor.
- Obligar la Administración Pública a ofrecer realojos incluso ante casos de empleo.
- Asegurar el derecho de arraigo en los realojos, ofreciendo en el mismo municipio y barrio.
4 Vivienda social
- Movilización de la vivienda vacía mediante una cesión obligatoria.
- Incrementar el parque público de vivienda.
- Alquileres sociales no superiores al 30% de los ingresos por unidad familiar.
5 Suministros garantizados
- Principio de precaución: garantía de no cortar los suministros básicos de agua, luz y gas sin antes tener información sobre la situación de las personas o familias afectadas.
- Tarifa social: pago en función de la capacidad adquisitiva.
- No asumir las deudas con recursos públicos, obligando las suministradoras a asumir el coste de las familias que no puedan pagar.
Foto: Ayuntamiento de Ripollet

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