Las negociaciones que mantiene el Ayuntamiento de Ripollet con la empresa Sergesa, adjudicataría en su día del proyecto para construir un Centro de Atención Integral a la tercera edad en el municipio, amenazan con enquistarse. La imposibilidad de la compañía para conseguir financiación echaron por tierra unas obras que deberían estar acabadas hace más de tres años. Las dos partes acordaron el pasado mes de octubre que la mejor solución era la rescisión del contrato. Sin embargo, el acuerdo parece hoy lejano porque Sergesa pretende cobrar por diferentes conceptos que el Ayuntamiento no está conforme en satisfacer.En marzo de 2007, Ripollet se vistió de gala para presentar públicamente 'a bombo y platillo' el proyecto "más importante", en palabras del alcalde Juan Parralejo, en la historia de la ciudad. En aproximadamente 18 meses, el municipio debía disponer de un Centro de Atención Integral a las personas mayores en unos terrenos de 19.000 metros cuadrados, situados en el sector Pinetons. Un complejo que, según explicó también entonces el director general de Sergesa, Aquilino Miralles, sería único a nivel estatal.
Hoy, casi cinco años después, el solar que debía acoger aquella macroinstalación sigue casi como entonces. Sólo las obras para cimentar el proyecto y el cartel que todavía anuncia su construcción recuerdan esta fallida iniciativa. La época más severa de la crisis que nos azota y las dificultades de la empresa para lograr la financiación necesaria dejaron hace unos meses el proyecto en un cajón de forma definitiva.
El Ayuntamiento y Sergesa exploraron todas las fórmulas posible para mantener vivo el proyecto. Incluso se anunció un principio de acuerdo para obtener un crédito sindicado con diferentes entidades bancarias que permitiría seguir las obras. Pero ni así. El pasado mes de octubre, ambas partes mantuvieron una reunión donde coincidieron que la mejor solución pasaba por acordar la rescisión del contrato.
Ahora, el problema es que el Ayuntamiento y Sergesa no se ponen de acuerdo sobre las condiciones que deben regir el fin de su relación contractual. En este sentido, el alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, ha explicado que la empresa quiere cobrar por la redacción del proyecto ejecutivo y las obras realizadas para la cimentación. El consistorio, por contra, considera que no debe hacer ese pago y, tal y como ha indicado Parralejo, ha encargado un informe jurídico externo para dictaminar los pasos que debe seguir la administración local a partir de ahora. El alcalde de Ripollet ha explicado que el informe será elaborado por los abogados Lluïsa Guanyabens y Marcelí Pons, "dos profesionales de reconocido prestigio", y que deberá estar listo en el plazo de un mes. "Es un tema bastante delicado como para no meter la pata", asegura Parralejo.
