Maria Luisa Amugu es una vecina de Cerdanyola afectada por una orden de embargo por impago de la hipoteca de su vivienda. Con dos personas adultas a su cargo, afectadas por una discapacidad, Amugu teme verse en cualquier momento fuera de su domicilio, extremo que se produciría en caso de hacerse efectiva una orden de desalojo. La vecina denuncia que, además de quedarse su vivienda, el banco le reclama unos 50.000 euros más otros 80.000 en concepto de costas judiciales e intereses. Ante tal situación, "un auténtico robo que permite la ley actual", hace un llamamiento a la movilización de todas las personas del municipio que puedan vivir una situación similar. Siguiendo los pasos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona, que reclama, entre otros aspectos, que la entrega de la vivienda salde la deuda con el banco, Amugu propone crear un colectivo local.
Maria Luisa Amugu es una enfermera de profesión que en el año 2005 se vio obligada a dejar su carrera profesional por problemas de salud, pasando a ser pensionista y viendo como disminuían sus ingresos ostensiblemente. En 1998 había adquirido un piso y de pagar inicialmente por su vivienda una cuota de 900 euros, esta cifra se incrementó hasta los 1.600 euros, una cantidad superior a sus ingresos mensuales que en el año 2007, y “ante la imposibilidad de poder pagar la cuota”, la llevó a rehipotecar su vivienda, un piso tasado en 384.000 euros, que también está a nombre de su hija.
Amugu explica que su deuda es de 268.000 euros y no puede afrontar el pago de la letra, ante lo cual su entidad bancaria, el Banco Santander, ha procedido al embargo de la vivienda, adquiriéndola por 218.000 euros, y al mismo tiempo le reclama, de acuerdo con la ley vigente, el pago de la diferencia –unos 50.000- euros-, más los intereses y las costas judiciales del proceso, que ascenderían a otros 80.000 euros.
La vecina de Cerdanyola asegura que lleva negociando con su banco “durante cinco años”, aunque “de manera inútil”, y apunta que su voluntad era entregar su casa como dación en pago -y saldar la deuda- y continuar habitándola con el pago de un alquiler. Pero no se ha alcanzado ningún acuerdo y este pasado noviembre el juzgado decretó el embargo previa reclamación –en verano- de su entidad bancaria.
Cambiar la ley
Amugu asegura que la actual legislación debe ser modificada porque posibilita “auténticos robos y situaciones de indefensión”. Así, “las personas que tienen la desgracia de vivir un episodio como el que estoy viviendo, además de perder su vivienda y verse obligadas a seguir pagando al banco, se ven abocadas a la marginación”. Esto es así, denuncia Amugu, porque “te inscriben en todos los listados de morosos y te condenan a la exclusión social”.
Amugu, siguiendo los pasos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, con sede en Barcelona, hace un llamamiento a la movilización de la ciudadanía de Cerdanyola afectada y a la organización de una plataforma local "en la que unir fuerzas" para intentar cambiar la legislación actual. En este sentido, Amugu reclama a las fuerzas políticas que, a nivel estatal, den los pasos necesarios para que la ley cambie. A nivel local, Amugu remarca que "la única formación que se ha interesado por mi situación ha sido el PP".
