El comité de empresa de la empresa Sintermetal de Ripollet se plantea adoptar medidas legales para que la dirección de la factoría dé cumplimiento al convenio para el periodo 2009-2011. Este pasado mes de febrero estaba previsto, según el acuerdo, que los salarios de los empleados se incrementaran el IPC del momento, sin embargo la dirección ha dejado en el aire esta medida argumentando que le es imposible aplicarla, ante lo cual, la plantilla expresa su "indignación e impotencia" y anuncia que se está viendo "obligada a tomar la vía legal".La plantilla de Sintermetal, en Ripollet, sigue esperando el cumplimiento por parte de la empresa del convenio para el periodo 2009-2011, y desde hace unos cuatro meses lleva a cabo una campaña de protesta en las puertas de la factoría. El pasado febrero estaba previsto, según lo acordado, que los sueldos de la plantilla aumentara el IPC del momento, sin embargo la dirección dejó en el aire esta medida. Ante ello, el comité de empresa abogó por "la negociación y el diálogo" para tratar de encontrar una solución a la situación, sin embargo, tras el encuentro con la dirección de la factoría, que "ha estado bastante tiempo sin mover pieza", ésta ha manifestado que "no quiere consolidar el IPC y no puede cumplir", explican los representantes de los trabajadores, quienes aseguran que "ofrecimos flexibilidad a la hora de pagar", pero "la dirección se cierra en banda. Ante ello, el comité apunta que "se está obligando a los trabajadores a tomar medidas legales".
"Deriva antisocial"
Para la plantilla de Sintermetal éste es un episodio más de un periplo que dura ya tres años, un periodo en el que los que los acontecimientos vividos en la factoría han adquirido "una gran deriva antisocial". En este sentido, el comité de Sintermetal continúa reclamando a la dirección de la empresa que se produzca "un cambio de rumbo" en las decisiones adoptadas después de lo que los representantes de los trabajadores califican como "desastre social generado en estos últimos años". Un periodo de tiempo en el que la factoría de Ripollet se vio afectada -en 2009- por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que tuvo repercusión en toda la plantilla, a excepción de los directivos. El comité también lamenta "tres duros años de congelación salarial", así como el despido en estos últimos años de más de 200 trabajadores, 76 de ellos a través del Fondo de Garantía Salarial y sin ninguna prejubilación.
