El aumento de dedicación y de retribución del concejal socialista Javier Montes fue el principal foco de debate del Pleno de Cerdanyola correspondiente al mes de septiembre. Montes, hasta el momento, responsable municipal de Ocupación, ve ampliadas sus competencias -asume responsabilidades en materia de vivienda, disciplina urbanística y protección del medio- pasando a tener dedicación exclusiva y una retribución bruta anual de 46.465 euros. La oposición coincidió en criticar "una nueva modificación de cartapacio", que consideran que "evidencia improvisación" del gobierno y supone "más gasto en personal político", mientras que desde el ejecutivo local aseguraron que se busca una mejor gestión y servicio al ciudadano.
El concejal no adscrito, Antonio González, se mostró muy crítico con la nueva dedicación de Montes, recordando que este concejal en apenas tres meses -se incorporó al plenario el pasado julio- ha pasado de tener dedicación parcial a exclusiva. Ello "no deja de ser sorprendente", según González, quien se pregunta "qué ha pasado o cambiado en tan poco tiempo", y no duda en calificar la dedicación exclusiva de Montes como "un insulto a la ciudadanía en general y a los trabajadores municipales en particular".
También se mostró contrariado el portavoz del PP, Manuel Buenaño, quien recordó que en diciembre de 2009, la alcaldesa, Carme Carmona, durante el acto de su investidura, aseguró que se reduciría el gasto en personal político y eventual. Sin embargo, según el concejal popular, desde el pasado mes de enero este gasto ha pasado de 712.000 a 780.000 euros, incrementándose en un 11,12%, "mientras que el sueldo del personal municipal sí se redujo", apuntó. Para acabar, el portavoz popular volvió a reclamar que la alcaldesa, Carme Carmona, y la portavoz de gobierno, Consol Pla, sean las únicas integrantes del gobierno con dedicación exclusiva.
Desde las filas de ICV-EUiA, el portavoz, Antoni Morral, apuntó que "la nueva modificación de cartapacio presentada al plenario evidencia la provisionalidad y la improvisación del equipo de gobierno", a la vez que conlleva "un incremento del gasto nada positivo en los tiempos que corren".
Se encargó de responder la alcaldesa, Carme Carmona, quien defendió "la estabilidad" de un ejecutivo local "que tiene claro dónde va, no como el anterior gobierno que lideraba Morral". Carmona recordó las diversas modificaciones de cartapacio desde el año 2007, así como las pugnas internas que culminaron con la fractura del gobierno y la salida del grupo de CiU, apuntando a Morral que "no es el más indicado para hablar y acusar al gobierno actual de inestable". El portavoz ecosocialista replicó a la alcaldesa invitándola "a pasar página y no estar siempre con la lupa mirando lo que hizo o dejo de hacer Morral" y a centrarse en el presente y futuro de la ciudad.
"Cheque en blanco"El debate plenario sobre la nueva dedicación exclusiva de Javier Montes reabrió enfrentamientos pretéritos entre los grupos del plenario. Es el caso de la retribución que en 2007 empezó a percibir Antonio González como portavoz, en aquellos momentos, del grupo municipal del PP. El pasado jueves, este episodio volvió a salir a relucir en la sala de Plenos, siendo objeto de crítica desde las filas socialistas y de contundente réplica por parte del ahora concejal no adscrito, quien apuntó, tal y como ha manifestado en diversas ocasiones, que en 2007, tras las elecciones municipales, los socialistas le ofrecieron "un cheque en blanco y trabajo para mi familia" para que el grupo del PP apoyara al PSC en el acto de investidura del alcalde.
Protesta en la sala de Plenos
Más de una veintena de agentes de la Policía Local asistieron el pasado jueves a la sala de Plenos para reclamar la modernización" del cuerpo y la mejora del servicio público al ciudadano y criticar el gasto en cargos políticos y de confianza. Los participantes en la protesta, dotados de pancartas con diversos lemas, distribuyeron un manifiesto con diversas reivindicaciones, como "la dignificación de la profesión y una valoración profesional reconocida", un plan de formación policial "actualizado" y la cobertura de las plazas vacantes "para un mejor servicio público y fomento del empleo local". También reclaman unas dependencias policiales "dignas y sin olores a vertedero", una asignación de medios materiales "acordes con la prestación que se nos exige", la eliminación de los cargos de confianza que "aumentan la factura salarial del Ayuntamiento y no mejoran la gestión municipal", y la eliminación de los liberados sindicales que "reducirán la carga de trabajo y ayudarán al Ayuntamiento a reducir nuevas contrataciones".
